Por AGUSTÍN SALVIA, director del Observatorio de la Deuda Social-UCA /UBA-CONICET

No es ésta una recesión más en la historia económica de nuestro país. Estamos transitando una crisis sistémica -de carácter y alcances tanto económicos como políticos-, como resultado de más de dos décadas cargadas de estrepitosos fracasos en materia de política económica, los cuales tuvieron efecto directo sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad social de manera estructural.
La situación actual es la consecuencia de la herencia dejada por gobiernos populistas o supuestamente republicanos, siguiendo distintas ideologías, relatos y promesas. Frente a un abuso de la mala praxis protagonizada por las dirigencias políticas, el péndulo de nuestra historia ha retornado con especial fuerza desarmando el pasado, y poniendo en escena un agresivo modelo de libertad de Mercado por sobre la intervención del Estado.

A los fines de cambiar el rumbo, el actual gobierno ha puesto en marcha un brutal plan de licuación de activos y ajuste de gastos, junto a un ambicioso -aunque todavía poco logrado- plan de reformas de liberalización económica. Puede ser que el estereotipo del personaje que preside el gobierno no satisfaga, tanto en su contenido como en su forma, o incluso, sea considerado por muchos un peligro para la republicana, pero una mayoría electoral primero, junto luego a una extendida opinión pública con hambre de cambio, avalan el rumbo puesto en marcha.

Y esto incluso, al menos por ahora, a pesar de los altos costos sociales que está generando buscar la estabilización macroeconómica, al mismo tiempo que se pretende desarmar del régimen populista. Ahora bien, a no engañarse, un necesario efecto de esta política es un aumento de la pobreza y la desigualdad social, con impactos estructurales todavía impredecibles. En tal contexto, es fácil caer en la pobreza, pero no es fácil salir de ella; incluso, es más fácil acostumbrarse.

Los datos oficiales sobre pobreza e indigencia urbana comunicados por el INDEC a finales de marzo pasado informaron que el último semestre de 2023 registró un promedio un 41,7% de población por debajo de la línea de pobreza, con 11,9% de personas en situación de pobreza extrema. Pero estas cifras resumen mal diferentes momentos político-económicos durante un período especialmente inestable y cambiante. Por una parte, en el contexto de las PASO y antes de la primera vuelta electoral, durante el tercer trimestre del año, en un marco de alta inestabilidad macroeconómica, tuvo lugar una improvisada devaluación, con incremento en la inflación, la cual fue acompañada de un ineficiente control de precios, junto a medidas de aumento de la inversión pública, el gasto social y los subsidios al consumo interno, lo cual alimentó tanto el déficit fiscal como la especulación financiera, a la vez que incrementó el nivel de empleo informal.

Pero definido ya el resultado de las elecciones en la segunda vuelta electoral, al final del cuarto trimestre, las contradicciones se agravaron -especialmente durante los meses de noviembre y diciembre-, la inflación se profundizó y bajó el consumo interno, se aceleró la especulación financiera, devino el estancamiento y el desorden macroeconómico se hizo insostenible. Entramos en una fase abierta de crisis. En ese marco, el nuevo gobierno, encaró una necesaria devaluación correctiva, con liberación de precios, junto a una férrea política de ajuste sobre el gasto público, todo lo cual, sin políticas de ingreso, generó en diciembre una drástica caída en los ingresos reales de los hogares. En este contexto, en el último trimestre del año -a partir de datos oficiales del INDEC- la pobreza habría alcanzado en realidad un 44,8% y la tasa de indigencia 13,8%; y si ponemos foco en diciembre, las estimaciones arrojan entre 47-49% de pobreza, y entre 16-17% de pobreza extrema. Pero debido al efecto inflacionario, el deterioro de los ingresos -la licuación oficialista- no se detuvo, y como saldo social del primer trimestre de 2024, tenemos que entre el 52-55% de la población ya es pobre en la Argentina, de los cuales, no menos del 20% son indigentes. De esta manera, este primer trimestre del año 2024 termina con 35 puntos más de pobreza (15 millones más de personas) y casi cuatro veces más de indigencia (5 millones más de personas) que en los mejores años de los gobiernos del Frente para la Victoria (2011-2012) o de Cambiemos (2017-2018), en donde ambas tasas tocaron (en el marco de burbujas de consumo que duraron poco tiempo) los pisos más bajos logrados durante el siglo veintiuno: nunca menos que 4-5% de indigencia y 24-26% de pobreza.

En cualquier caso, estas cifras expresan una realidad incontrovertible. Si bien parecen ser el resultado inmediato de una particular política de estabilización económica, la cual podría discutirse si debía ser más o menos gradualista, son en realidad la manifestación del fracaso de un régimen político económico nacido con la posconvertibilidad, fundado en el consumo, el endeudamiento, el déficit público y la especulación financiera, sin visión ni proyecto estratégico en materia de inversión, empleo, productividad y equidad social. Es decir, pobres más pobres, más clases medias empobrecidas. Incluso, a los fines de dar más transparencia social a estas estadísticas, se eliminaran las transferencias por programas sociales, la pobreza fácilmente alcanzaría al 60% de la población, mientras que la indigencia llegaría al 30%.

Ahora bien, aunque no sin marchas, paros y protestas sociales de todo tipo, no dejar de sorprender la relativa legitimidad política del gobierno, así como el desconcierto y la fragmentación de la oposición, en un marco de soberana paz social. Todo lo cual forma parte de nuestra peculiar escenografía política. ¿Un síntoma de madurez o de descomposición democrática? En medio de la crisis sistémica, la moneda sigue en el aire también este punto, y el futuro no está predeterminado, habrá que construirlo.
En ese marco de realidad, dos factores constituyen un pivote endeble de contención social. Por un lado, la mayor parte de la población todavía mantiene su empleo, aunque de carácter precario y de subsistencia informal, y, por otro, los programas sociales continúan brindando un piso de protección social. ¿Pero hasta cuándo? Si bien es cierto que entre los meses de diciembre y marzo el aumento de la pobreza se explica por la caída de los ingresos reales, y no por desempleo, a partir de abril, el nuevo escenario social comienza a estar determinado por un mayor retroceso del nivel de actividad, una nueva retracción de la demanda de empleo formal y la imposibilidad de los sectores pobres -sin fondos de reserva – de generar ingresos a través de una economía informal, no alimentada ya por la circulación monetaria.

Pero aunque en los próximos meses la crisis pueda ir quedando atrás -descartemos por ahora los pronósticos catastróficos- debido a que se desacelere la inflación, ingresen divisas, no se pierdan empleos, se recuperen salarios y haberes, se reactive la inversión y crezca la demanda de empleo, generando todo ello un alivio a clases medias y a los sectores informales pobres, todavía no estará clara -en “clave libertaria”- la salida de la crisis sistémica que atravesamos, en tanto todavía no se cuenta con un programa económico sostenible que haga posible proyectar un horizonte de desarrollo y equidad.

La superación de nuestro subdesarrollo económico requerirá reducir las deudas sociales. En un contexto de crisis y de ajuste de gastos, dada la actual configuración política, son pocos los grados de libertad en materia económica y social, más aún si las dirigencias -por impericia, miopía o jugada estratégica- no buscan construir acuerdos de gobernabilidad. Cuánto más tiempo se tarde en salir de la crisis, mayores serán los costos sociales, así como las facturas políticas de una sociedad que reclama cambios profundos, pero que también demanda disponer, más temprano que tarde, de estabilidad, progreso y bienestar. ¿Están las dirigencias -incluso el propio gobierno- en condiciones de dar respuesta efectiva a esta oportunidad histórica?